El Pacto Verde, la PAC 2023-2027 y su impacto en el cultivo de leñosos (2)
El Sr. Albert Massot ha dedicado toda su carrera profesional al análisis de las políticas agrarias en general y de la Política Agrícola Común (PAC) en particular como miembro del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Su labor ha sido la de apoyar directamente los trabajos legislativos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI). Sus más de 40 años de experiencia le convierten en un referente para realizar una visión retrospectiva y futura de la PAC, en sus 60 años de historia, transitando hacia un camino cada vez más verde y donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático han ganado y seguirán ganando protagonismo a golpe de reforma. El Pacto Verde Europeo de 2019 en favor de la neutralidad climática y sus Estrategias conexas, ‘De la Granja a la Mesa’ y de la ‘Biodiversidad 2030’, han enmarcado la nueva PAC 2023-2027, una PAC de naturaleza multidimensional, con ejes teleológicos y de actuación en los ámbitos agrícola, alimentario y climático-ambiental y climático.
En la presente entrevista con el Sr. Ignasi Iglesias hablamos con el Sr. Albert Massot a fin de conocer de primera mano el presente y el futuro de la PAC 2023/2027 y sus implicaciones en el sector de los cultivos leñosos. Sus opiniones son hechas a título personal y en ningún caso representan la posición oficial de la Institución en la que él trabajó hasta 2022, el Parlamento Europeo.
Hablando de costes y precios percibidos por los productores. Es patente la dificultad de incidir sectorialmente en la mejora de los precios agrícolas, en particular en especies leñosas en un contexto de costes crecientes en mucha mayor medida que los precios. Ante este hecho no queda otra que reducir costes de producción mejorando la eficiencia en el uso de insumos. La senda, como lo define, la FAO es la intensificación sostenible. En este caso con plantaciones más intensivas, árboles de menor volumen, copas más accesibles que conduce en definitiva un uso más eficiente de inputs como la mano de obra, los productos fitosanitarios o los fertilizantes y una consecuente reducción de costos.
¿Cómo se argumenta este concepto en la actual PAC y que ayudas pueden tener los productores para esta transición hacia la intensificación que permita una producción más sostenible?
Como bien has dicho la FAO acuñó la noción de ‘intensificación sostenible’ hace ya un tiempo dando a entender que la oferta de nuevas tierras para incrementar la producción agrícola mundial perdería importancia y había que mejorar los rendimientos por hectárea por la vía de la innovación. En Europa salieron a la luz numerosos análisis en este sentido hace ya una decena de años. El propio departamento de estudios del Parlamento Europeo donde yo trabajaba publicó en 2017 un trabajo sobre las potencialidades de la intensificación sostenible.
Cabe no obstante reconocer que la nueva PAC no utiliza profusamente este vocablo y, por el contrario, enfatiza otras nociones como la agricultura de carbono (carbon farming), la agroecología, la agricultura regenerativa, o la bioeconomía circular. Los eco-regímenes españoles para los cultivos leñosos ya vimos que se inspiran formalmente en la agricultura de carbono y la agroecología. Pero se trata a fin de cuentas de una disputa nominalista. En todos los casos estamos hablando de producir mejor, con un menor uso de insumos y recursos, y con un menor impacto en el medio y el clima. Cada productor ha de elegir la vía que considere más oportuna para avanzar en la vía de la sostenibilidad y la neutralidad climática.
En este sentido y desde un punto de vista agronómico, está ampliamente demostrado en diferentes especies frutales que la intensificación con el tránsito hacia árboles de menor tamaño aporta ventajas sustanciales en lo referido al uso más eficiente de insumos como son la mano de obra, el agua, los fertilizantes o los pesticidas; que a la vez constituyen los principales costes de producción. Esta intensificación ha estado siempre ligada a la genética, en particular a la disponibilidad de patrones para el control del vigor y eficientes produciendo, como es caso del M9 en manzano. La mejora genética traducida en una innovación constante en nuevos patrones más eficientes y adaptables, y nuevas variedades más tolerantes a plagas y enfermedades, de alta calidad, adaptables y regularmente productivas constituye la piedra angular para la producción eficiente en cultivos leñosos. Y esta eficiencia es sin duda la vía para la sostenibilidad y la neutralidad climática que aportará el sector de los cultivos leñosos en España, donde cuenta con cerca de 5 millones de hectáreas cultivadas como sumideros de carbono.
Ya he comentado los instrumentos que la PAC pone a disposición de los agricultores para reforzar la sostenibilidad: los eco-regímenes y las diferentes medidas de desarrollo rural (PDRs). Su diseño y los recursos financieros asignados son competencia de las autoridades internas (estatales y autonómicas). Pero recordemos que se pueden modificar mediante sucesivos planes de acción a instancias si cabe de los propios productores si consideran que el formato vigente no es el más adecuado.
La nueva PAC va a destinar importantes ayudas a la innovación tecnológica mediante la formación de técnicos y productores y su formación continuada en un uso más eficiente de los insumos.
¿Podría explicar cuál su visión sobre el papel que tendrá la innovación tecnológica y la formación de los agricultores para la competitividad del sector agroalimentario de la UE y en particular de las empresas familiares?
Ciertamente, el programa plurianual de investigación Horizonte Europa 2021-2027 contiene sustanciales recursos financieros para reforzar las capacidades de innovación tecnológica en materia agraria y alimentaria de la UE. En paralelo, la nueva PAC tiene como uno de sus objetivos horizontales el fomentar una agricultura más inteligente o de precisión con la ayuda de las nuevas tecnologías (fundamentalmente digitales) y precisión en este caso significa mayor eficiencia en el uso de los insumos. Los Planes Estratégicos de la PAC han de incluir obligatoriamente una estrategia de desarrollo de las tecnologías digitales para el sector. Por otro lado, para mejorar la innovación y la transferencia tecnológica, los Planes Estratégicos pueden incorporar tres tipos de acciones: medidas de cooperación en apoyo de los grupos operativos locales de la iniciativa AEI (Asociación Europea para la Innovación); los servicios de asesoramiento de los diferentes sistemas de conocimiento e innovación agrícolas (SCIA); y el fomento del intercambio de conocimientos e información mediante las redes de difusión de la PAC.
Estas líneas de acción se encuentran en el PEPAC español, pero aún es pronto para calibrar su papel y eficacia. De todos modos, para que tenga éxito la apuesta en favor de una agricultura más inteligente constituye un elemento clave el tener un sector bien organizado y dispuesto a afrontar el reto de la innovación de manera permanente, más allá de las coyunturas y las ayudas que puedan darse.
Se considera que, para avanzar decididamente hacia la sostenibilidad, el papel de la mejora genética será clave al aportar por ejemplo resistencias o tolerancias a las principales plagas o enfermedades, mayor tolerancia a la sequía, o menores requerimientos en reposo invernal.
Tras la polémica de las técnicas transgénicas, ¿Cómo plantea la Unión Europea el uso de herramientas para acelerar los avances de la mejora como son técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9, Talen, o ZFN, etc. para equipararnos a otros países del mundo?
El hecho es que todo sigue aún en el alero. La Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ de mayo de 2020 previó una iniciativa legislativa que establecería definitivamente el marco legal de las nuevas técnicas genómicas de cultivo de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2017. En abril de 2021 se publicó el estudio científico encargado por la Comisión para dilucidar qué opciones se presentaban y se lanzó una consulta pública que concluyó en 2022. Pero la propuesta legislativa no acaba de llegar, muestra palpable de las opuestas visiones existentes. Se sabe que estaba prevista su publicación en el transcurso de esta primavera al mismo tiempo que una propuesta sobre la comercialización de semillas, pero, de momento, no hay nuevo bajo el sol.
Un aspecto de suma importancia ante la crisis climática es la huella de carbono del sector agroalimentario. La agricultura además de producir alimentos captura carbono, cosa que no hacen otros sectores de la economía como el industrial o de servicios.
¿Puede ser una oportunidad histórica los ingresos que podrán aportar los créditos de carbono de la mano de empresas nacionales o extranjeras y más cuando disponemos en España de más de 5 millones de hectáreas de cultivos leñosos capturando carbono?
Sin duda la agricultura va a jugar un papel trascendental en las políticas de mitigación del cambio climático. No es casualidad que, como ya comenté, la mayor parte de los eco-regímenes para leñosos instaurados en España se basen en la gestión del carbono. La Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ mencionaba en su lista de acciones una propuesta de captura del carbono agrario. El proceso legislativo se inició en diciembre de 2021 se publicó por parte de la Comisión una comunicación sobre ciclos de carbono sostenibles (COM (2021) 800). Y en septiembre de 2022 llegó una propuesta de reglamento para la certificación de absorción de carbono (COM (2022) 672). Habrá que seguir muy atentamente los debates en torno a esta propuesta a fin de asegurar que la actividad agraria pueda acogerse a los futuros sistemas de pago por carbono y en qué condiciones. Personalmente, a mí me gustaría que se fomentara la participación de las organizaciones de productores agrarios en la cogestión de los futuros mercados de carbono. Pero, repito, el tema, así como su calendario y régimen de aplicación siguen encima de la mesa y le corresponde al sector defender activamente su postura ante los colegisladores antes de que sea demasiado tarde.
En muchos países de la UE y en particular en España, la entrada de capital a la agricultura procedente de fondos de inversión de diferente naturaleza y ajenos a la agricultura ha sido una constante en los últimos años. Ello permite en muchos casos el cultivo de importantes extensiones que de otra manera quedarían como en la situación actual o abandonadas, aportando inversión, innovación, generando puestos de trabajo y alimentos. Además, estas plantaciones principalmente en leñosos van de la mano de una alta innovación tecnológica por su mayor capacidad financiera.
¿Cuál es su opinión al respecto y como se ve este cambio desde la Unión Europea y como se compagina esta nueva situación con la agricultura familiar defendida por diferentes estamentos políticos?
En mi humilde opinión no hay que mezclar abandono y acaparamiento de tierras por entidades ajenas al sector agrarios. De acuerdo con un estudio del JRC de la Comisión, hay 20 millones de hectáreas en riesgo de abandono en el horizonte 2030. Y España es el país con mayor riesgo y muy particularmente el Cantábrico, por distintas razones, pero sobre todo por la particular incidencia del minifundio en estas zonas y la sucesión de crisis ganaderas.
En cuanto al acaparamiento de tierras de cultivo por grandes corporaciones y entidades públicas, el Parlamento Europeo (P8_TA(2018)0279 de 3 de julio de 2018) se ha pronunciado recientemente en su contra en una resolución sobre la seguridad alimentaria y la resiliencia en el largo plazo de la agricultura europea (P9_TA(2023)0238 de 14 de junio de 2023). Pero, si descontamos las simples declaraciones oficiales, no existe hoy por hoy en las Instituciones Europeas una posición clara y unánime sobre el papel de los fondos de inversión y cómo abordar sus actuaciones más allá de los límites que impone la política de competencia. Es cierto que el fenómeno del acaparamiento de tierras en la UE se circunscribe principalmente a algunos países del Este. Lo que no significa que no exista, ni mucho menos, en los países occidentales. Esta ahí, y va a ir a más, con consecuencias estructurales en el medio y largo plazo. A nivel europeo existen estudios sobre el tema de toda índole. Un reciente libro de Bertrand Hervieu, antiguo Presidente del Instituto de Investigación Agraria de Francia, habla incluso de ‘una agricultura europea sin agricultores’.
Yo no creo sinceramente que el futuro de la agricultura española deba de depender de los fondos de inversión foráneos al sector, pero si que por ahora conviven y creo que van y deberían convivir ambos modelos de producción agraria. Eso si hablamos de la empresa familiar con una estructura territorial suficiente, innovadora tecnológicamente, con un alto nivel de formación y con la innovación como hoja de ruta. Tenemos un gran número de ejemplos de estas empresas dedicados a los cultivos leñosos. Su futuro dependerá siempre de la sostenibilidad de las rentas. Creo que su aportación como tractores de nuevas tecnologías para una agricultura de precisión y más eficiente, constituye una aportación importante. Más bien, los considero un peligro en algunas zonas para la agricultura familiar por su dispar poder tecnológico y financiero y porque no irán ni mucho menos a ocupar superficies marginales o abandonadas, sino más bien las mejores tierras de cultivo y, en algunos casos, para utilizarlas para fines energéticos y no alimentarios.
En este sentido, si pretendemos seriamente preservar el modelo de agricultura familiar en España más allá de las simples palabras, es preciso que los poderes públicos empiecen a diseñar políticas fundiarias con cara y ojos, multipliquen su apoyo a los jóvenes agricultores, y, en fin, apliquen sin temor el ‘mecanismo de verificación rural’ recientemente introducido en nuestra legislación para supervisar, caso por caso, los procesos de inversión en tierras agrarias y evaluar sus impactos socio-económicos y territoriales.
